Garantía de Cumplimiento - Improcedencia de Requerirla a Instituciones de Seguros


Con relación a la procedencia o improcedencia de requerir la garantía de cumplimiento a que se refiere el artículo 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los contratos que celebren las dependencias y entidades con las instituciones de seguros, el criterio establecido al respecto es el siguiente:

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, en tanto las instituciones de seguros no sean puestas en liquidación o declaradas en quiebra, las mismas se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligadas por tanto, a constituir depósitos o fianzas legales, salvo en tratándose de responsabilidades que puedan derivarles de juicios laborales, de amparo o por créditos fiscales.

Asimismo, el artículo 62 del citado ordenamiento prohíbe a las instituciones de seguros otorgar avales, fianzas o cauciones, así como dar en garantía sus propiedades, o en prenda títulos o valores de su cartera, entre otras operaciones.

De acuerdo con lo anterior y tomando en cuenta que en los términos de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, estas instituciones se encuentran impedidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contraigan con motivo de los contratos que celebren con los usuarios de los servicios de aseguramiento que prestan, no es necesario exigir a dichas instituciones que otorguen la garantía de cumplimiento de contrato a que se refiere el artículo 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que tal obligación implicaría para las referidas instituciones de seguros constituir una doble garantía, independientemente de que incurrirían en violación a las disposiciones que regulan su organización y funcionamiento.

Cabe señalar que en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas, deberá comunicarse a la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, para los efectos de los artículos 59 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.




AD-2
Noviembre de 2001
(actualizado Diciembre 2010)







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